Como en los estadios de futbol y las arenas de lucha libre, al árbitro de estas elecciones poblanas –el Instituto Electoral del Estado– le está tocando la peor parte. Las principales acusaciones se originan en la "Coalición Compromiso por Puebla", pero no son las únicas que afectan a todo el consejo y a la administración de este órgano garante del proceso del 4 de julio, de la limpieza y los resultados que generen.
Hay quienes acusan directamente al presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, pero el abogado es sólo una parte, ya que muchas de sus decisiones deben ser avaladas por su consejo y hay atribuciones administrativas de las que por ley le informan pero él no toma la última palabra.
No pasa un día en que no haya críticas y señalamientos, y el Partido Revolucionario Institucional –que se supone es su aliado– realiza tímidas intervenciones para defender el trabajo que con base en la ley se supone que hacen los consejeros y funcionarios del instituto, tal vez porque tampoco confían en ellos.
El actual Consejo General fue aprobado por unanimidad de todos los partidos en el Congreso local. Le tocó al entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala, operar y conciliar los intereses de priistas, panistas y perredistas para su integración, que al final tuvo el aplauso de todos. Nadie se puede llamar a engaño. Además, una de sus características es que la inmensa mayoría son abogados y, por lo tanto, hombres y mujeres que conocen de leyes y su aplicación.
A los señalamientos de los partidos y medios se sumó esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al resolver un juicio interpuesto por "Compromiso por Puebla" en contra de una resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre la adquisición del Programa de Resultados Preliminares –un instrumento fundamental en la credibilidad y limpieza de la elección–, consideró que hay errores que pueden llevar a la impugnación del proceso.
El magistrado Salvador Nava Gomar advirtió que de probarse anomalías en el PREP de Puebla, hay la posibilidad de impugnar el proceso; es decir, la judicialización tiene ya una ventana abierta en el propio Tribunal Federal.
La adjudicación directa que hizo el Instituto Electoral del Estado a la empresa DSI Elecciones, responsable del PREP el 4 de julio próximo, deberá ser analizada por el Órgano de Fiscalización Superior y por la Contraloría Interna del órgano comicial por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos integrantes pidieron que investiguen si hay argumentos válidos para que contratara a DSI, que les ofreció "el servicio más caro comparado con el resto de las firmas, e incluso omitiendo el techo presupuestal de 6.8 millones de pesos que habían programado".
Delicado, porque la firma cobrará 19 millones 400 mil pesos, mientras que Podernet ofertó sus servicios por 10 millones 672 mil pesos.
"No puede considerarse que dicha facultad discrecional se ejerció atendiendo al principio de legalidad, porque el Consejo local opta por la propuesta más cara, que además no ofrece mayores elementos de seguridad, lo que permite definir –contra la apreciación del tribunal local responsable– que la actuación de la autoridad administrativa electoral escapa a toda racionalidad, ponderación debida y evaluación objetiva," señala el magistrado.
Peor crítica a la actuación del instituto no puede existir, y menos porque son la última autoridad que vigila la legalidad de todo el proceso. La posibilidad de judicialización de los resultados del 4 de julio es enorme, y más si el árbitro encargado de la contienda no hace bien su trabajo o deja dudas, como ya advirtió el Tribunal Federal.
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