La decisión fue tomada tras la serie de amenazas que ha recibido el personal de dicho juzgado, de personas relacionas con los 11 detenidos por el homicidio del ministerial Jose Alfonso Hernández Gutiérrez, y por la desaparición temporal del secretario non César Vázquez Ávila.
El edificio donde se encuentran los juzgados -12 Oriente y 6 Norte- permanece resguardado por personal de la Policía Estatal Preventiva y la Metropolitana.
Diferentes jueces y personal de los juzgados que optaron por no identificarse, confirmaron lo que el jueves manifestó la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández, que el clima que se vive es de preocupación y zozobra, pues saben que no están exentos de vivir una situación similar.
En el caso de jueces amenazados por el crimen organizado se encuentra el del mismo Alberto Miranda Guerra, titular del Juzgado Cuarto, quien fue amenazado en agosto de 2008 por los zetas detenidos en el municipio Tlapanalá, donde estuvieron a punto de ser linchados.
También el de Alberto Bagatella Bermúdez, que a su paso por el juzgado de Izúcar de Matamoros, también fue amenazado por el mismo grupo delincuencial.
Y Enrique Romero Razo, quien al fungir como juez de Defensa Social de Acatlán de Osorio, inició proceso en contra de dos halcones del cártel de los Beltrán Leyva a principios de 2010, los cuales estaban relacionados con el robo de vehículos y con uno de los operadores de dicho cártel en Morelos, apodado 'El Rojo'.
Cabe señalar que ninguno de ellos -los jueces- ha reforzado su seguridad personal y a la fecha no se ha visto amenazada su integridad o la de sus familiares, revelaron fuentes oficiales.
