De acuerdo con el estudio denominado "Brechas. Estado de la Educación en México" elaborado por la Organización Mexicanos Primero, estas plazas son pagadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Según el reporte esta anomalía "produce mayor opacidad en el manejo del presupuesto, lo que a su vez facilita la asignación discrecional de las plazas y distorsiona la administración de todo el sistema educativo".
El pagar con recursos del FAEB provenientes del ramo 33 más plazas que las presupuestadas es una práctica común en todos los estados, aunque el problema más grave se registra en el estado de México donde sólo están autorizadas alrededor de 63 mil de las 245 mil 211 plazas pagadas al magisterio de esa entidad.
Mientras que los estados de Morelos y Zacatecas son los que menor diferencia presentan entre las plazas que tienen contratadas y las autorizadas, ya que en promedio no superan el 10 por ciento cuando en 26 estados superan el 50 por ciento de la nómina magisterial.
La justificación estatal
"Las autoridades estatales argumentan que esta práctica se justifica porque las plazas autorizadas por la SHCP no corresponden a las necesidades del servicio", explica el estudio.
Sin embargo se hace hincapié en la presencia de "un gran número de irregularidades: maestros frente a grupo que tienen asignadas plazas de intendencia, secretarias con plazas de maestros, directores que formalmente continúan con su plaza de Maestro 'A' de Misión Cultural, aún cuando este proyecto ya no es vigente".
Pero estos casos no son los más graves, indica Mexicanos Primero, sino la fragmentación de plazas que hace posible la existencia de "presta nombres" para cobrar un sueldo mensual que se reparte entre personas que pueden o no trabajar en el sector educativo.
Estas inconsistencias, concluye el estudio denominado: "Brechas. Estado de la Educación en México" permite eludir los concursos nacionales de asignación de plazas docentes, ya que el ingreso al sector educativo a través de una plaza administrativa no tiene que pasar por el filtro del mérito.
