Al respecto, Rangel Rodríguez criticó la postura de la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso Local, Josefina Buxadé Castelán, porque durante las mesas de trabajo que han sostenido, la legisladora se ha limitado a discutir sobre el nombre que debe llevar la nueva comisión, cuando debe centrarse en las modificaciones de los artículos de esta ley.
La última reunión se celebró el primero de marzo, tardó un promedio de dos horas y terminó sin acuerdos, dijo el comisionado, al exhortar a lo diputada y a sus compañeros a analizar la propuesta que presentaron los comisionados, abordar algunas otras propuestas e integrar el proyecto para que los diputados lo voten en el pleno del Congreso.
El exhorto vino luego de explicar la inoperancia de las reformas al artículo 12, fracción VII de la Constitución Local, que la pasada Legislatura modificó para dotar de autonomía a la CAIP, pero dejó un transitorio en el que estableció que para la entrada en vigor de las reformas el Poder Legislativo debía aprobar una nueva ley de transparencia.
"Mientras los diputados no reformen la Ley de Transparencia vamos a seguir siendo autónomos en el papel porque en la práctica somos un órgano especializado en la materia dependiente del Poder Ejecutivo y que vigilamos únicamente a este poder"
Por su parte, el comisionado José Luis Fregoso explicó que ejercer la autonomía permitiría a la CAIP tener amplitud de operación y funcionalidad para homologar criterios de clasificación de información en los tres poderes del estado, organismos autónomos y ayuntamientos, así como fungir con un ente único para resolver recursos de inconformidad.
Actualmente organismo como el Instituto Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la BUAP, entre otros, son juez y parte en materia de transparencia, ya que el ciudadano que solicita información debe de conformarse con la respuesta porque no pueden inconformarse ante otra instancia.
En cambio, con la nueva reforma el ciudadano que pida información a los ayuntamientos, organismos autónomos y la BUAP, y no esté satisfecho con la respuesta podrá recurrir a la CAIP para interponer un recurso de revisión y éste resolverá y podrá ordenar a la institución que entregue dicha información.
Propuesta CAIP
El documento que la CAIP entregó a los legisladores propone agregar dentro de las obligaciones del artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ayuntamientos, el Instituto Electoral del Estado y Tribunal Electoral, difundan en su sitió e Internet información focalizada.
Para el caso del Poder Legislativo, propone la publicación de los montos asignados a los grupos parlamentarios, las comisiones y comités, y a cada uno de los diputados que integran la legislatura; el informe de trabajo de cada uno de los diputados, comisiones y mesas directivas; los dictámenes de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los estados financieros de los organismos públicos autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, en los términos de la ley de la materia.
Además de las iniciativas y los dictámenes que surjan del análisis a las cuentas públicas; el diario de los Debates; las leyes, decretos y acuerdos aprobados; convocatorias a períodos extraordinarios y reuniones de comisiones, comités; actas, acuerdos, listas de asistencia, programas de trabajo e informes de cada una de las comisiones.
La CAIP propone como obligación del Poder Ejecutivo difundir estadísticas e indicadores de la procuración de justicia; en materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las órdenes de aprehensión, presentación y cateo.
Plantea también hacer públicas las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron; el listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación, domicilio y utilidad pública; y el listado de patentes de notarios otorgadas.
En cuanto al Poder Judicial, los comisionados sugiere la publicación de las cantidades recibidas por concepto de depósitos judiciales y fianzas, los nombres de quienes los reciben, administran y ejercen, así como el monto, aplicación y ejercicio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.; las convocatorias a concursos de méritos de jueces y magistrados, así como los resultados de quienes resulten aprobados en los exámenes de oposición.
Como especialistas en la materia, los comisionados incluyeron que los Ayuntamientos hagan públicos los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y actas de las sesiones de Cabildo.
Para el caso del Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral plantearon que los informes que presenten los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas sobre el gasto y aplicación de las prerrogativas que reciben; y divulgar en internet las resoluciones de los medios de impugnación resueltos por violaciones a la Ley Electoral que hayan causado estado o ejecutoria, sin hacer públicos los datos personales de las partes, salvo consentimiento por escrito de las mismas.
