La información serviría para que la auditoría que realiza el despacho BDO Hernández Marrón y Compañía levante un padrón del número de clientes y los montos de las inversiones de cada uno de ellos, y posteriormente inicie los trámites de indemnización a los afectados.
Esto se corroboró al realizar este jueves la diligencia judicial en la oficina matriz de la empresa, ubicadas en la 29 sur 118. Ahí sólo se encontraron papeles en el piso y computadoras sin el disco duro.
De la desaparición de la base de datos dieron fe la titular del juzgado segundo de lo penal Rosa Celia Pérez, el agente del Ministerio Público adscrito, auditores, defensores de los presuntos responsables del fraude, agraviados y defensores públicos de la Procuraduría del Ciudadano.
DE DARSE EL PAGO SERÁ EN LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN
La inexistencia de la base de datos retrasa aún más el posible pago a los defraudados, ya que la auditoría se prolongará por varios meses. Ante este panorama se prevé que la liquidación de los ahorradores la hará el próximo gobierno del estado.
Desiderio Labias Vasco, directivo de la firma de contadores que realiza la auditoria, explicó que al no haber localizado la base de datos imposibilita realizar la auditoria del caso.
"De no encontrar en las próximas semanas la documentación requerida, se hará un informe dirigido a las autoridades del Fipago para que ellas indiquen lo conducente y fije los documentos probatorios para recibir el apoyo económico que asigne la Federación y el gobierno del estado", puntualizó.
En tanto el representante de los defraudados, Rafael Ramírez Hernández, pidió a los defensores particulares de los socios mayoritarios de la financiera -que se encuentran bajo proceso- que soliciten a sus clientes la base de datos.
El defraudado señaló: "ya nos hicieron mucho daño, apelamos a su sensibilidad para poder recibir la ayuda económica gubernamental".
Por su parte el titular de la Procuraduría del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, aseguró que se continuará con la asistencia jurídica a favor de los afectados con la finalidad de cubrir los requisitos que exige la Federación para aplicar el apoyo económico.
