Puebla, Pue.-Ante las suspicacias que despertó el robo de 37 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en 2010 -mientras estuvo a cargo Gerardo Pérez Salazar- la Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles por unanimidad el punto de acuerdo con el que se solicita a la Contraloría Estatal iniciar una investigación sobre el caso.
El panista Mario Gerardo Riestra Piña expuso que es necesario investigar una posible omisión administrativa, pues la empresa dedicada al traslado de valores Lock S.A. de C.V., carecía de un contrato.
Ello evidencia que las autoridades de la SFA ignoraron los artículos 45 y 109 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales establecen una serie de estipulaciones de contratación de empresas así como del aseguramiento de los bienes estatales.
Presumiblemente Lock habría realizado varios traslados de impuestos recaudados en la SFA, así como de la segunda parte del aguinaldo de los empleados de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Diputados de partidos como Nueva Alianza, Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Acción Nacional (PAN) sometieron a votación el exhorto que por unanimidad fue aprobado y será enviado a la Contraloría local.
El panista recordó que el 11 de abril de 2010 un comando armado ingresó a las instalaciones de la dependencia, protagonizando una fuerte balacera de la cual resultó asesinado el policía estatal Roberto Luna Nazario.
Comentó que el gobierno del estado, en la era marinista, manifestó su "desconfianza" hacia la empresa, sin embargo se sabe que Lock trabajó durante tres meses y seis días para la SFA.
De ser cierta esta aseveración, subrayó Riestra, se estaría comprobando una irregularidad administrativa que habría que tiene que ser sancionada de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El legislador lamentó la falta de claridad en el ilícito, pues ello pondría en jaque nuevamente a la administración de Mario Marín Torres.
