De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en el primer trimestre del año obtuvieron del Gobierno federal 19 mil 119 millones de pesos más de presupuesto que en el mismo lapso de 2010, por lo que para algunos especialistas es evidente la dilapidación de fondos.
Entre enero y marzo, los estados y los municipios ingresaron 260 mil 215 millones de pesos de la Administración federal, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda, frente a los 241 mil millones recibidos en igual periodo del año pasado.
Por el rubro de Aportaciones, que comprende dinero etiquetado, recibieron 129 mil 989 millones de pesos, en tanto que por Participaciones obtuvieron en conjunto 130 mil 226 millones de pesos.
Estos incrementos son resultado de una mejora en la recaudación fiscal y de la mayor disponibilidad de fondos por el aumento en los ingresos derivados de la venta de petróleo, indicó Hacienda en su más reciente informe trimestral.
"(A las entidades) les llega el dinero de golpe y no tienen ningún plan, no tienen nada alternativo, no tienen una cartera de inversión.
Entonces, lo mandan a gasto corriente", indicó Flavia Rodríguez, directora de finanzas públicas de Aregional.
Al respecto, Julián Cubero, economista jefe de estudios macroeconómicos de BBVA Research, comentó, de acuerdo con la nota de Reforma, que los estados deben aprovechar estos recursos adicionales para comenzar a aplicar medidas contracíclicas de la economía y no dirigirlos todos a más gasto.
Pese a estos ingresos, el endeudamiento de estados y ayuntamientos sigue sin freno con un aumento de 74 por ciento en los últimos cuatro años, y el marco legal ni siquiera obliga a la mitad de los Gobernadores a informar al Congreso sobre los créditos de corto plazo con los que comprometen sus finanzas.
Así lo revela un reporte entregado por Hacienda a la bancada del PAN en el Senado, en el que se asegura que los casi 315 mil millones de pesos que adeudan las entidades representan el 57 por ciento del total de ingresos que tienen sus arcas.
La dependencia detalla en su informe que la normatividad vigente no establece obligaciones ni candados para controlar dichos endeudamientos.
Alrededor del 50 por ciento de las entidades federativas establece en su ley de deuda pública que no están obligadas a reportar al Congreso local aquellos recursos que se amorticen en el mismo ejercicio fiscal, señala
