El titular de la dependencia, Valentín Meneses Rojas explicó que este problema, de índole jurídico, tiene que resolverse en los juzgados o tribunales de justicia debido a que los inconformes deben continuar con los juicios de carácter mercantil o civil para que sea resuelto su conflicto.
"Hay que tener cuidado porque la ley no permite hacer manejo discrecional de recursos públicos para pagar obligaciones entre particulares", refirió.
Señaló que aunque algunos de los responsables están recluidos en el penal de San Miguel, el recurso que se perdió no se puede recuperar con el simple hecho de tenerlos presos, sino con el proceso legal que permita rematar los bienes muebles propiedad de los empresarios y aplicarlo para el pago de los afectados.
El próximo martes, funcionarios de la Secretaría de Gobernación sostendrán una reunión con una comisión de afectados para informarles de nueva cuenta el procedimiento que deben seguir para poder acceder al pago de su dinero.
Por su parte, Rafael Ramírez Hernández líder y vocero de los defraudados por la empresa Bienestar Social La Paz, no descartó que se lleve a cabo una mega movilización el próximo jueves en el marco del último informe de gobierno de Mario Marín Torres.
Adelantó que en la protesta participarían miles de defraudados de todas las empresas que robaron a poblanos de diversas regiones del estado.
Lamentó que el gobierno estatal "haya dado largas" desde el momento en el que se descubrió el fraude y resignado aseguró que continuarán en las gestiones durante el próximo gobierno.
